La película documental, "Presunto Culpable", estrenada en los cines de este país el 18 de febrero, ha corrido con muy buena suerte, con aceptación por parte del público. Narra la historia real de una persona, acusada de un crimen que no cometió y que el juez en turno le receta 20 años tras las rejas. Un grupo de abogados hallan muchas irregularidades en el juicio de este presunto culpable y luchan para que se haga justicia.
La película es en realidad un documental, donde aparecen los implicados. No son actores ni es una trama hollywoodense. Es algo que se vive cotidianamente en este país: las leyes funcionan como los chicles, se pueden estirar tanto como dinero tenga el presunto acusado. Así, si tiene alguna vez la mala fortuna de que alguien lo acuse de algo en este país, tendrá que probar su inocencia, porque el Ministerio Público y las leyes en México no se basan en el principio fundamental de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No, aquí hay que probar que uno es inocente. Pareciera que ser parte acusadora es fácil. No tiene que probar su dicho.
Pero el asunto de esta película, cuya trama es finalmente familiar a todo mexicano, porque conocemos el nefasto esquema de justicia que impera en nuestro país, salió de las salas de cine porque uno de los personajes, el que acusa al presunto culpable, dijo que no autorizó que su imagen saliese en las pantallas. Cabe señalar que en México, los juicios son públicos, consagrado por la Constitución Mexicana, y por ende, las cámaras que grabaron el juicio del que hablamos no estaban cometiendo ninguna acción ilegal y es más, por ser públicos no hay que andar pidiéndole a nadie permiso para ser grabado.
Una juez dio entrada al amparo promovido por este personaje acusador. Fernanda Tapia, la locutora de radio, me dijo que había entrevistado al inconforme y que le había dicho, un poco en tono de guasa, como es su estilo, algo como esto: "es que compadre, con todo respeto, tu rostro se parece a cualquier retrato hablado". El abogado de este personaje entonces se molestó, según me comentó Fernanda, diciendo que "claro, como es moreno entonces se parece a cualquiera, ¿no? Ser de piel oscura es en este país una desgracia... Por eso las cosas están como están, etc". (y que conste, lo que digo es lo que me contó Fernanda, no sé exactamente las palabras del abogado defensor ni las que emitió la conductora).
A partir de esto, se desató un escándalo en donde de entrada se habló de censura. Se dijo que lo que pasaba es que el poder judicial no quería que se viese la película por motivos obvios, pues los ponía en evidencia. la juez dijo que dio entrada al amparo porque el afectado sentía que su imagen estaba siendo degradada y no por un acto de censura. Los actores políticos de este país enseguida se expresaron a favor de evitar la censura, la cual -seamos francos- jamás ha funcionado en ninguna parte. La película seguía en cartelera, y gracias a esto, miles de personas que quizás no hubiesen ido a verla, se apersonaron en las salas cinematográficas. No hubo mejor propaganda a la película que este conato de censura.
El punto es que este martes la juez (dudo que se pueda decir "jueza"), dio el amparo definitivo al quejoso y la película tuvo que salir de las salas cinematográficas. Entonces la sociedad civil tomó una interesante postura: gracias a youtube, a Internet, a que ahí no hay censura posible, algunos con iniciativa subieron el documental para verlo por la red. Pero he aquí que uno de los productores mandó un mensaje por Facebook o Twitter, no sé, en donde apelaba a quienes habían actuado así a que quitaran el documental de la red, puesto que la ilegalidad no podía combatirse con ilegalidad.
Pero esto tiene otra traducción: "no lo pongan en la red, ¿no ven que esta película es finalmente un negocio para quienes gastamos mucho dinero en hacerla y producirla?". Porque miren ustedes, es claro que hacer cine cuesta mucho dinero y que los abogados que decidieron hacer este documental no gastaron su dinero solamente para mostrar la podredumbre del sistema penal mexicano, sino que habría en algún momento intenciones de recuperar el dinero invertido y si se puede, sacar una ganancia.
Pero entonces aquí surge una dificultad curiosa: ¿quién censura entonces qué? ¿estamos hablando de que los productores quieren que el gran público se entere de lo nefasto del sistema judicial o bien, solamente se trata de un simple negocio? (que en el fondo no tendría nada de malo). Si se tratara de mostrar y denunciar este sistema de justicia que padecemos, los mismos productores podrían haber puesto la censurada película en alguna página web, pero no. Lo primero que hicieron los censurados fue censurar estas manifestaciones para precisamente evadir el poder de la censura oficial. Notable asunto en este intrincado juego de palabras.
Según me dijo la agradable Leonora Cohen, hija del buen poeta Sandro Cohen, las ganancias de esta película se irían a RENACE, una asociación de abogados que pondría estos recursos para ayudar a aquellos que están en la cárcel de manera injusta. La verdad es que resulta muy conveniente ahora decir esto, porque considerando cómo han subido los números en taquilla de esta película, pues las ganancias hablan de que simplemente en términos monetarios, valió la pena hacer este documental. Yo dudo de tanta bondad de los productores. No creo que sean hermanitas de la caridad, a todo esto.
Hoy mismo parece ser que la Suprema Corte, o una instancia superior a la de la juez que dio entrada al amparo en cuestión, revocó la suspensión de la exhibición de la película "presunto culpable". Solamente que con todo lo que pasó, me queda claro que los productores ya no son tan buenos como supuestamente eran antes de la película. El dilema que tienen está entre lo que supuestamente quisieron retratar del sistema judicial mexicano o su afán de hacer dinero, asunto que al menos por el giro que dieron las cosas, resulta una cuestión por lo pronto que deja mal sabor de boca.
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